La corrupción como problema social • examen

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Si hay algo indispensable en la era de Google-Maps y GoogleEarth es tener la capacidad de ubicarnos en un plano global. En materia de percepción de corrupción, México se ubica en la posición 95 de 168 países junto con Armenia, Filipinas y Mali. No somos los campeones mundiales de la corrupción, como muchos piensan o prefieren pensar, pero tampoco corresponde con la ubicación del país en la geopolítica global. Somos una de las veinte economías más grandes, pero no somos suficientemente efectivos en su control como los países nórdicos. Estamos en la media tabla. Y nos hemos mantenido ahí por una década. Hay razones de sobra para encontrarnos en esa posición. La más importante es que lo que nuestro país avanza en materia de apertura gubernamental (transparencia) lo pierde en escándalos de corrupción. Los partidos políticos, los tres órdenes de gobierno y, cada vez más, las empresas, llenan las páginas de los medios de comunicación con historias de corrupción que quedan impunes. México no avanza en los índices nacionales e internacionales de corrupción, no por estar sentado, cruzado de brazos, sino porque los avances y retrocesos se neutralizan mutuamente. La inexistencia de una política anticorrupción, auténticamente nacional y no sólo federal, así como de objetivos comunes en materia de anticorrupción y control de la impunidad, es evidente. La política anticorrupción se reinventa una y otra vez, pocas veces hay continuidad, y muchos siguen pensando

 

 

que se necesita una mexicana o mexicano honesto –y hasta heroico– para que la lucha anticorrupción empiece a dar resultados. En términos de la experiencia internacional, la realidad es otra. Los países mejor ubicados en los índices internacionales no son los que encontraron connacionales más honestos para hacerse cargo de las instituciones anticorrupción, sino los que tienen mejores instituciones anticorrupción. Los países mejor evaluados en esta materia no son los que tienen un zar anticorrupción eficaz, sino los que tienen un sistema o conjunto de instituciones anticorrupción coordinadas, eficientes y que dan resultados todo el tiempo. En diciembre de 2013, el Senado de la República, tal vez por inercia, intentó crear una nueva comisión anticorrupción. Con un voto unánime, los senadores dieron lugar a una agencia anticorrupción, inspirada en la lógica de los zares, que no convenció a la opinión pública ni a los especialistas. En 2014, en parte por la presión de la sociedad civil y los académicos, y también por el creciente número de escándalos, el Congreso decidió dar marcha atrás. La era de los zares anticorrupción estaba a punto de terminar. Empezaba la era de los sistemas. La diferencia central entre la lógica de los sistemas anticorrupción y la de los zares o comisiones anticorrupción estriba en la necesidad de hacer que el sistema en su conjunto funcione. De poco sirve tener una Auditoría Superior de la Federación que da buenos resultados –la de México los tiene– si cuando identifica posibles irregularidades o delitos, la Procuraduría General de la República

 
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