La corrupción como problema social • examen

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     La división de poderes se explica desde la sana desconfianza hacia la acumulación del poder. En este sentido, la corrupción introduce una distorsión al sistema de pesos y contrapesos pues desplaza el poder político a sedes invisibles, sustraídas del escrutinio político y jurisdiccional. En este texto se exponen tres formas de corrupción judicial1 , cada una presente en mayor o menor medida en todos los poderes judiciales del país y sus consecuencias para el acceso a la justicia y la independencia de los jueces frente a los poderes institucionales como el ejecutivo y legislativo, y los fácticos como el económico y el ideológico. Un poder judicial sano e independiente es un pilar clave para el combate a la corrupción y, en sentido contrario, para que un sistema de corrupción opere, necesita un contexto de impunidad, y capturar al sistema judicial es imprescindible para que estos sistemas tengan éxito y sostenibilidad. Es decir, el poder judicial también es corruptible. La función de un poder judicial no se limita a dar una salida institucional a los conflictos que se presentan en la sociedad. En un Estado democrático de derecho, los jueces deben, además, garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales, asegurar que las reglas democráticas del juego político se cumplan y sancionar a los funcionarios públicos que actúen fuera del margen de la ley. La corrupción judicial no se agota con las dádivas a los operadores jurisdiccionales, aunque no es un problema menor como lo veremos más adelante. Sería un reduccionismo creer que la corrupción judicial sólo se presenta de esa manera; existen al menos dos niveles más, exógeno y endógeno, que tienen que ver con la captura del poder judicial como árbitro imparcial.

 

 
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