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Violencia contra las mujeres y feminicidio | Reporteje |

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Refugio para mujeres

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 Integrantes de la Red Nacional de Refugios (RNR), organismo civil que agrupa a los refugios que brindan seguridad, protección y atención especializada para mujeres y sus hijos e hijas que viven en situación de riesgo por violencia familiar, de género, sexual y trata, el pasado 2 de julio, un día después de cumplirse un año del triunfo electoral del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, exigieron frente al Palacio Nacional la liberación del presupuesto etiquetado para los refugios que fueron seleccionados por la Secretaría de Salud en una convocatoria pública, para que estos espacios ubicados en las 32 entidades del país puedan seguir funcionando.

 La Red ha llevado a cabo una serie de acciones en defensa de la labor que realizan los centros que reúne, los cuales representan más del 70% de los refugios del país, tanto del gobierno como de la sociedad civil, luego de que el 14 de febrero el presidente López Obrador emitió una circular en la que informó que no serían transferidos recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano y, “acatando cabalmente la decisión”, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, canceló el 18 de febrero la “Convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa 2019”, que ya había sido publicada, y cuyos recursos por más de 346 millones de pesos, fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

 Ante esta determinación, la directora general de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, alertó que se encontraban en riesgo “la vida, la integridad y seguridad de más de 25 mil mujeres, niñas y niños que reciben atención en los espacios especializados de protección”, y calificó la decisión como inconcebible y fuera de toda visión de derechos humanos ante los lamentables índices de violencias en México: más del 50% del país se encuentra en Alerta por Violencia de Género, se registran 9 feminicidios al día y más del 66% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia.

 Señaló también que los Refugios actualmente son el mecanismo mejor articulado para la prevención de feminicidios, ya que salvaguardan la integridad de cientos de mujeres, niñas y niños que han sido víctimas de violencias al grado de estar en riesgo de perder la vida, y que el 70% de estos espacios son operados por organizaciones de la sociedad civil, que han cumplido con los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la ley.

 El anuncio también provocó reacciones entre activistas, defensores de derechos humanos, legisladores y organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Los senadores Martha Lucía Micher y Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, se pronunciaron por revisar la medida, y la diputada Martha Tagle aseguró que esta “inadmisible suspensión, 

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