Equidad de género: una deuda histórica • examen

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¿Liberadas del temor?

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violencia no se agota ni se expresa solamente en ese ámbito. Las mujeres son víctimas de agresiones sexuales, violaciones de sus derechos y negligencia por parte de las propias autoridades, mientras que el acceso a la justicia para atender y reparar estos casos constituye una de las más grandes deficiencias del sistema judicial mexicano.

  Las Convenciones mencionadas señalan la existencia de tres formas de violencia contra las mujeres:

1. La que tiene lugar en la familia o unidad doméstica.

2. La que tiene lugar en la comunidad y es perpetrada por cualquier persona, y

3. La que es perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, dondequiera que esto ocurra.

  De acuerdo con estos tratados internacionales que hoy tienen la máxima jerarquía legal en México, el combate a la violencia contra las mujeres debe realizarse atendiendo a todas sus modalidades, sin importar el ámbito en el que ocurra. Así, corresponde al Estado asumir la responsabilidad integral de prevenir y sancionar todos los tipos de violencia sin desdeñar ningún hecho que atente contra la dignidad de las mujeres, dondequiera que éste sea cometido. Pese a los logros conseguidos gracias a la incidencia del movimiento feminista, la atención a la violencia contra las mujeres en México carece de una perspectiva integral. La violencia generada por los mismos agentes estatales es a menudo soslayada en los diversos programas gubernamentales. En la realidad, se ha pretendido negar toda responsabilidad gubernamental ante la violencia de género perpetrada directamente por los agentes del Estado mexicano.

 

 Lo anterior es visible y patente en el caso de las mujeres que han denunciado tortura sexual a manos de los agentes del Estado. Son muchos los casos que podríamos citar y algunos de ellos hoy hacen parte de la campaña Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual lanzada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en conjunto con diversas organizaciones.

  Sin duda alguna, uno de los casos más emblemáticos sobre la práctica de la tortura sexual en México es el relacionado con lo acontecido en la comunidad de Atenco, en mayo de 2006, en el Estado de México. La incursión de policías federales, estatales y municipales en Texcoco y en San Salvador Atenco, en el marco de un conflicto social, dejó un alto y grave saldo de violaciones a derechos humanos. Veintiséis de cuarenta y siete mujeres detenidas en los hechos denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual, física y verbal por parte de los policías que las custodiaban mientras eran trasladadas a un penal del Estado de México.

  El Centro Prodh ha acompañado durante casi diez años a once mujeres denunciantes en sus exigencias de justicia. Actualmente, su demanda se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en breve podría emitir su Informe de Fondo, lo que situaría a las valientes mujeres de Atenco muy cerca de hacer oír su voz en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El suyo sería, vale la pena destacar, el tercer caso sobre tortura sexual que llegara al Tribunal Interamericano, luego de que esta instancia dictara sendas sentencias contra México en los casos de las mujeres indígenas me’phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

 
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