Vol. Actual Todos Volúmenes
Contenido
latinex

Página 75 de 84

derechos humanos y una distribución justa de recursos sociales (Lee, 2007).

   La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera entre las personas; sin embargo, en México se tienen graves problemas en su promoción e implementación. La tasa de pobreza en México es la más alta de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde). En 2010, el 46.2% de los mexicanos sufría pobreza multidimensional (Inegi, 2013). La metodología multidimensional es una medición de la pobreza basada en el análisis del cumplimiento de los derechos humanos sociales, como salud, educación, seguridad social, nivel de cohesión social, empleo y vida libre de violencia. De acuerdo con las cifras sobre pobreza en México en 2008, citadas por el unicef, 50.6 millones de mexi- canos no tenían suficientes ingresos para cubrir las necesidades básicas de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte.

   En un periodo de dos años, el número de perso- nas en nivel de pobreza extrema se incrementó en 1.3 millones, pasando de 11.7 millones en 2010 a 13 millones en 2012, según reveló la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, 2012).

   El Índice de Rezago Social (Coneval, 2010) es una medida que engloba las variables de educación, acceso a servicios de salud y vivienda digna. Los datos en México para 2010 no son nada halagado- res, la mitad del territorio nacional presenta niveles medios y altos en el grado de rezago social y hay un gran contraste y desigualdad entre los diferentes estados. Entre los más rezagados se encuentran Chia- pas y Oaxaca, con un Índice de Desarrollo Humano similar a países como Nigeria y Senegal (unicef, 2008).

   Por muchas décadas, la pobreza y la marginación social en México fueron consideradas como meros problemas económicos. No obstante, en los últi- mos años se comenzó a poner una mayor atención a un conjunto más complejo de prácticas económi- cas, sociales y culturales que conforman la “exclu- sión social”; es decir, cuando algunos sectores de la

 

población son excluidos de los beneficios del desarrollo político, social y económico por la discriminación racial, económica, de género, étnica o por discapacidades físicas, entre otras.

  Pobreza, migración, marginación, inequidad y conflictos interpersonales forman un mosaico de problemas sociales que tiene gran impacto en la vida de los individuos y que los vuelve vulnerables psicológica y socialmente, por lo que la situación de la sa- lud mental en México también presenta un balance negativo. Según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (2002-2010), en México hay 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental, contra un poco más de tres mil profesionales de la salud capacitados para su atención; profesionales que si bien tienen las herramientas clínicas para tratar los padecimientos, carecen de estrategias eficientes de promoción de la justicia social para disminuir los factores externos (estrés, desintegración familiar, problemas económicos, desempleo, inseguridad, discriminación, etc.) que determinan o disparan el sufrimiento psicológico. Afortunada- mente, en 2011 se presentó la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, que señala que toda persona tiene derecho al bienestar psíquico, a la identidad, a la dignidad, al respeto y a un tratamiento psicológico integral para una óptima integración social (Gobierno del Distrito Federal, 2011). Sin embargo, la demanda de servicios supera con creces la oferta. El reto es enorme y se requieren profesionistas altamente calificados para brindar servicios de orientación psicológica que respondan a las necesidades integrales de las personas.

    Este artículo tiene la intención de crear conciencia entre los formadores y educadores de las futuras generaciones de psicólogos y terapeutas acerca de la importancia de complementar el entrenamiento clínico con competencias específicas para la promoción y defensa de la justicia social de los pacientes.

   Las tendencias internacionales apuntan a la necesidad de actualizar los programas de entrenamiento en orientación psicológica o psicoterapia con herramientas de trabajo desde la justicia social, tomando en cuenta la promoción de la defensoría

Educación en justicia social: complemento indispensable para la formación de profesionales de la salud mental en México75
Elsa Sánchez-Corral Fernández. Didac 67 (2016): 74-77

Página 75 de 84
Comentarios